La reforma de la Policía Nacional sigue su curso en el Congreso, aunque el problema político y social continúa fuera de las discusiones formales: la institución arrastra una crisis de legitimidad signada por denuncias de corrupción interna, uso excesivo de la fuerza, muertes en operativos y serias dudas sobre su capacidad para prevenir el delito. La distancia entre el discurso oficial de transformación y la experiencia ciudadana mantiene bajo presión un proceso que todavía no logra traducirse en confianza.
Especialistas en seguridad pública sostienen que el deterioro no obedece a hechos aislados. Al contrario, cada nuevo escándalo refuerza la idea de una Policía que anuncia reformas, suspende agentes y promete investigaciones, pero no consigue demostrar que el cambio haya llegado a los destacamentos, los patrullajes y los operativos. Ahí se concentra la principal exigencia de rendición de cuentas al Gobierno de Luis Abinader: resultados verificables, no solo anuncios.
En los barrios, la evaluación resulta más severa que cualquier balance institucional. Las denuncias que no avanzan, los patrullajes tardíos, los crímenes sin respuesta y los operativos que generan temor en vez de tranquilidad, según líderes comunitarios, reflejan el costo social de una reforma que sigue pendiente de consolidarse. A eso se suma, de acuerdo con una fuente interna consultada por Acento, la falta de recursos tecnológicos de vanguardia, la capacitación insuficiente de algunos agentes y la ausencia de estrategias integrales, factores que debilitan la capacidad de respuesta policial y alimentan la búsqueda de alternativas de protección fuera del Estado.
La credibilidad de la institución también se ve erosionada por denuncias de sobornos, vínculos con redes delictivas, tráfico de armas, narcotráfico y otras prácticas ilícitas. Fuentes consultadas indican que esas acusaciones han profundizado la desconfianza ciudadana, mientras investigaciones recientes del Ministerio Público y de organismos antidrogas han identificado estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas y al lavado. En ese escenario, la discusión legislativa queda obligada a ir más allá del trámite: el Congreso tiene bajo la lupa una reforma que será medida por su capacidad de frenar abusos, depurar responsabilidades y responder a una ciudadanía que ya no acepta promesas sin consecuencias.