La competencia puede favorecer el crecimiento, los mejores precios para los consumidores y una mayor capacidad de los países para insertarse en los mercados internacionales, pero en República Dominicana ese potencial se encuentra con un problema estructural aún pendiente: el 53% del empleo se desarrolla en condiciones informales, con mayor peso en comercio (26.8%), servicios (25.9%) y construcción (14.9%).
En una entrevista con elDinero, la economista principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Vanessa Alviarez, sostuvo que una mayor competencia crea incentivos para que las empresas contraten más empleo formal y de mejor calidad. No obstante, advirtió que para avanzar hacia mercados laborales más formales también hacen falta políticas orientadas a reducir las barreras existentes, en un escenario donde la informalidad continúa siendo uno de los principales desafíos de América Latina.
La especialista agregó que las limitaciones geográficas y las dificultades para que trabajadores y empresas se conecten con nuevas oportunidades laborales, sectores y regiones contribuyen a esa informalidad. Frente a ese panorama, la discusión para modernizar la normativa de competencia abre un frente de vigilancia institucional: el desafío no es solo actualizar reglas, sino convertir ese marco en resultados concretos sobre formalización, salarios reales y acceso a mercados más diversos para la población.