La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó al respaldo de la querella presentada ante la Procuraduría General de la República contra el director de la Policía Nacional por presuntas ejecuciones extrajudiciales, en un nuevo foco de escrutinio sobre la actuación de la institución del orden. Su presidente, Manuel María Mercedes Medina, explicó que la entidad procura constituirse como interviniente voluntario en el proceso promovido por juristas y expertos en materia penal encabezados por Valcárcel y Cándido Simón.
Mercedes Medina agregó que la organización trabaja en la documentación de expedientes junto al Comité de Víctimas de las Ejecuciones Policiales, con especial atención a los casos ocurridos durante la actual gestión al frente de la Policía. De acuerdo con su denuncia, más de 100 jóvenes habrían sido ejecutados por agentes policiales, y afirmó que existen indicios que, a su juicio, comprometerían la responsabilidad penal del titular de la institución por posibles violaciones a la Constitución y al Código Penal.
Con esa decisión, la denuncia deja de verse como un señalamiento aislado y pasa a plantearse como una advertencia institucional sobre la gestión y los resultados en seguridad, frente a cualquier discurso oficial de control. La Comisión reiteró su apoyo a la acción judicial y anunció que seguirá recopilando documentación, mientras aumenta la presión para que el caso se aclare con transparencia y bajo vigilancia de la sociedad civil.
