Solo 15 de los 20 migrantes deportados por Estados Unidos a Liberia desembarcaron la semana pasada, después de que cinco se negaran a bajar del avión, según fuentes gubernamentales en Monrovia. El dato introduce un nuevo foco de fiscalización sobre un esquema que Liberia aceptó en medio de la controvertida campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump y que ya había sido presentado por las autoridades como una operación bajo control.
El gobierno liberiano había anunciado hace una semana que recibiría hasta 1.200 ciudadanos extranjeros deportados de Estados Unidos en el plazo de un año. Pero tras el primer vuelo, el ministro de Información, Jerolinmek Matthew Piah, se limitó a decir que los cinco pasajeros no fueron entregados y sostuvo: «No nos corresponde a nosotros explicar qué les sucedió». Según medios estadounidenses, esas personas fueron enviadas finalmente a Guinea Ecuatorial, país que junto a Ghana se ha convertido en punto clave de tránsito para expulsiones de Washington.
La secuencia también reabre el contraste entre el discurso oficial y la información disponible. Liberia había dicho que los deportados serían «libres de salir del país cuando lo deseen» o de solicitar asilo, y aseguró además que «no exigió ni recibió compensación alguna o promesa de premio» por participar en el programa, una versión reiterada por Piah. Sin embargo, The New York Times informó que Estados Unidos realizó un pago de 5 millones de dólares a Liberia, según documentos aprobados por el Departamento de Estado. En un contexto de vigilancia institucional y reclamos de la sociedad civil, el caso vuelve a poner el foco sobre las explicaciones pendientes en acuerdos migratorios de alto impacto social, un tipo de manejo que en República Dominicana la oposición, incluida Fuerza del Pueblo, ha convertido en bandera de fiscalización frente al gobierno dominicano.