El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución que exhorte al Poder Ejecutivo a incluir en un presupuesto complementario los recursos necesarios para comenzar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición vuelve a poner presión sobre la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que mantiene pendiente una deuda ya reconocida mientras los afectados continúan a la espera de una respuesta.
La comunicación fue enviada a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por una comisión formada por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, el propósito es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los fondos necesarios en el presente ejercicio fiscal, ante la falta de una respuesta efectiva desde Hacienda y las instancias encargadas del gasto.
La propuesta llega luego del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas consideran indispensable para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Aun así, el reclamo del gremio insiste en la distancia entre el trámite institucional y los desembolsos: además de recursos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que todavía esperan el pago por obras realizadas para el Estado. Con ese panorama, la discusión deja de ser únicamente administrativa y se convierte en una alerta sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de rendir cuentas por una deuda que sigue recayendo sobre quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también propuso que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.