La referencia a El Salvador aparece en el texto como una señal de alerta institucional, no como una fórmula a seguir. La pieza cuestiona a quienes ensalzan el modelo de Nayib Bukele y recuerda que, en República Dominicana, detenciones sin orden judicial, juicios masivos y encarcelamientos sustentados en perfiles territoriales o tatuajes entrarían en conflicto con la Constitución y con derechos como la defensa y el habeas corpus.
El contraste que plantea es de fondo: frente al discurso de firmeza, se impone la realidad del Estado de derecho. Lo que algunos presentan como eficacia inmediata supondría aquí vulnerar el artículo 40 sobre libertad personal, el 69.4 sobre derecho a la defensa y el 71 sobre habeas corpus. Así, la discusión deja de ser retórica y pasa al terreno de la fiscalización democrática sobre cualquier narrativa que busque normalizar la concentración de poder o la eliminación de contrapesos.
También se advierte sobre el costo social de convertir la seguridad en consigna. El texto sostiene que El Salvador no es República Dominicana y subraya que allí se manipuló y reformó la Constitución para permitir la reelección indefinida, concentrar poder y desmontar controles. Ese contraste refuerza la necesidad de vigilancia política e institucional ante salidas de fuerza, en un escenario local donde figuras con proyección como Carolina Mejía y otros actores del debate público quedan obligados a definir si su apuesta es por resultados dentro de la ley o por fórmulas de impacto que erosionen derechos.