SANTO DOMINGO. — La detención de dos miembros de una brigada de la contratista Delmar, acusados de pedir dinero a clientes a cambio de trabajos o servicios, volvió a colocar a Edesur bajo presión por los controles que aplica sobre el personal que opera en su nombre.
La distribuidora aseguró que colaborará con las autoridades competentes y ratificó su compromiso con la transparencia, la ética y la protección de los derechos de sus clientes. Sin embargo, el caso vuelve a evidenciar la distancia entre ese discurso y la necesidad de una vigilancia efectiva para impedir cobros irregulares en un servicio sensible para la población.
Edesur recordó que los usuarios no deben entregar dinero directamente a brigadas o técnicos y que cualquier solicitud de pago constituye una actuación irregular que debe ser denunciada de inmediato mediante su Call Center, el portal energiasinfraude.com.do, sus redes sociales o los buzones de sugerencias. También reiteró su política de cero tolerancia frente a fraude, corrupción o extorsión, mientras el caso refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo se previenen, detectan y sancionan estas prácticas.