La crisis boliviana alcanzó este lunes su punto más tenso con miles de indígenas, campesinos y sindicalistas reunidos en La Paz tras más de 30 días de caminata desde el altiplano para exigir la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. Con el centro histórico militarizado y la plaza Murillo bajo fuerte custodia, el deterioro del escenario político quedó además reflejado en la confirmación de una cuarta muerte desde que comenzaron las movilizaciones.
En los accesos al Palacio de Gobierno, policías y militares recurrieron a gases lacrimógenos para frenar el avance de la protesta, mientras el conflicto también se trasladaba al ámbito judicial. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la orden de aprehensión contra Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), a quien el Ejecutivo acusa de instigación pública a delinquir y terrorismo.
Desde la COB, la medida fue calificada como una «persecución judicial» contra la dirigencia sindical. Argollo sostuvo que buscan «acallar» a los líderes de la protesta y ratificó el paro indefinido, en un contexto en el que los bloqueos mantienen aisladas a La Paz y El Alto. A la vez, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, reportó la muerte de Alberto Cruz Chinche, dirigente campesino de los Ponchos Rojos, en un episodio que, según la versión oficial, ocurrió de manera accidental. Entre represión, judicialización y víctimas, la crisis expone un cuadro de desgaste institucional y de respuestas oficiales bajo creciente escrutinio.