El expediente por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado por causarle la muerte con un disparo, centrara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en el riesgo que dice enfrentar. Más allá de esa versión, el hecho reabre la distancia entre el discurso oficial de reforma y la continuidad de episodios de alto costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y asegura que nunca hubo intención de provocar una tragedia durante el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista afirmó además que su defendido tenía la intención de pedir disculpas públicas a los familiares de la víctima.
La defensa sostuvo también que Moreta Heredia teme por su integridad física ante la indignación social que ha generado el caso, por lo que solicitó su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, ese planteamiento no despeja la pregunta de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina en muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial presentada por el poder como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor del accionar de un agente, el expediente suma otra alerta sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un escenario en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en mostrar avances en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.