SANTO DOMINGO. Un estudio de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) volvió a encender las alarmas sobre una realidad que afecta a la economía formal y que deja en evidencia la distancia entre las promesas de apoyo al emprendimiento y los resultados concretos: el 65 % de las mipymes dirigidas por jóvenes en República Dominicana trabaja en la informalidad.
La investigación, “Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana”, fue elaborada con datos del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). El informe indica que, aunque el 32.7 % de las mipymes del país está liderado por personas de entre 18 y 39 años, la mayoría sigue operando fuera de los marcos formales, con obstáculos que frenan la productividad, el acceso al financiamiento y la posibilidad de expandirse.
ANJE también advierte sobre el costo económico de esa desconexión institucional. Mientras una mipyme joven formal registra ingresos anuales superiores a los RD$5 millones, una informal apenas alcanza RD$836 mil, una diferencia que refleja cómo la falta de condiciones reales para formalizarse termina afectando a quienes intentan emprender. El estudio añade que las mipymes informales se concentran sobre todo en servicios, comercio y alimentación, sectores de menor productividad, mientras que las formalizadas tienen mayor presencia en actividades industriales y financieras.
Frente a ese escenario, el presidente de ANJE, Boris De León Reyes, planteó que urge replantear la estrategia frente a la informalidad. La investigación propone una certificación especial e incentivos para facilitar el paso a la formalidad y elevar la competitividad, en una señal de que la sociedad civil sigue empujando soluciones donde las políticas públicas no han logrado cerrar la brecha.
La advertencia de ANJE deja además una exigencia de fiscalización sobre la respuesta institucional: si la informalidad juvenil sigue siendo una restricción estructural, el problema ya no puede tratarse solo como un diagnóstico técnico, sino como una deuda de gestión con miles de jóvenes que emprenden en condiciones precarias y con menos oportunidades reales de crecer.