La Primera República, entre 1844 y 1861, transcurrió entre conflictos políticos, crisis económicas, rivalidades internas y el temor a nuevas invasiones haitianas. En ese escenario, Pedro Santana, tras su papel militar en la defensa nacional, pasó de la protección de la República a desconfiar de su viabilidad independiente y promovió la anexión a España bajo la idea de que una potencia extranjera garantizaría estabilidad.
El 18 de marzo de 1861 proclamó la reincorporación de la República Dominicana a la monarquía española. Con esa decisión, la República dejó de existir jurídicamente y el territorio volvió a condición colonial, en un giro que expuso el contraste entre la promesa de orden y la pérdida efectiva de soberanía. La resistencia apareció desde el inicio: Francisco del Rosario Sánchez intentó organizar una expedición contra la anexión, fue capturado y fusilado en San Juan de la Maguana el 4 de julio de 1861, tras defender que la nacionalidad dominicana no podía ser entregada.
Lejos de cerrar la crisis, la anexión agravó el descontento por la discriminación, los nuevos impuestos, los abusos administrativos, las restricciones económicas y el trato despectivo de muchos funcionarios españoles hacia los dominicanos. Ese costo político y social desembocó en el Grito de Capotillo, iniciado el 16 de agosto de 1863 por un grupo de patriotas encabezado por Santiago Rodríguez, y dio paso a una guerra de amplio respaldo popular en el Cibao, con la participación de campesinos, pequeños propietarios, comerciantes, antiguos soldados y dirigentes regionales. La experiencia dejó una alerta institucional perdurable: cuando el poder se divorcia de la soberanía y de las prioridades del país, la factura termina recayendo sobre la ciudadanía.