La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) anunció que retirará el uso de verifone en sus 780 estaciones afiliadas a partir del 25 de septiembre de 2026, una medida que alcanza al 75 % de las 1,038 gasolineras registradas en República Dominicana. El gremio sostiene que la decisión fue consensuada en sus regionales como respuesta a “los altos costos” que, según su presidente Juan Elías Pérez, representan una carga excesiva para los detallistas.
El alcance de la medida revela que el conflicto supera un reclamo sectorial aislado. Anadegas prevé que también se sumen estaciones no controladas por la asociación, al alegar que “ellos también son afectados”. En la zona central, que incluye provincias como Santo Domingo y San Cristóbal, el gremio reporta 150 expendios; en la este, 65; en la sur, 89; y en la norte, donde concentra más miembros, 300. Otras estaciones figuran como “no identificadas”, aunque la entidad asegura incluirlas en sus informes como socios activos.
El propio Juan Elías Pérez afirmó que, pese a que el gobierno dominicano mediaba conversaciones entre las partes, no se había llegado a un acuerdo. Ese punto coloca el foco sobre la capacidad de respuesta institucional ante una disputa que puede alterar la forma de pago en una parte mayoritaria de la red de combustibles del país. En un contexto donde Hacienda y el aparato oficial suelen defender orden y modernización, el choque entre discurso y resultado vuelve a abrir preguntas sobre prevención, fiscalización y rendición de cuentas. Carolina Mejía, mencionada en el debate público sobre gestión y proyección nacional, queda también bajo el contraste entre narrativa política y problemas concretos que siguen sin resolverse.