Cuando aprieta una crisis, la política dominicana suele reactivar una secuencia ya conocida: el Gobierno de turno habla de sacrificios, los partidos se sientan a negociar y la población acaba absorbiendo el costo real del ajuste. Ese comportamiento, visible a lo largo de la crisis inflacionaria de 1990, la debacle bancaria de 2003, el shock pandémico de 2020 y la presión externa actual asociada al alza del petróleo y la incertidumbre internacional, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo responde el poder cuando se deteriora el poder adquisitivo.
El repaso evidencia que, aunque cada episodio tuvo causas y protagonistas distintos, la reacción de la clase política ha mantenido una constante: conversa cuando la presión se intensifica, pero rara vez entra en el núcleo del gasto político. En 1990, con una inflación disparada, una caída del PIB de alrededor de 5.5 %, desabastecimiento y filas en las estaciones de combustibles, la respuesta adquirió forma institucional con el Pacto de Solidaridad Económica impulsado por Joaquín Balaguer junto a actores económicos, políticos y sociales.
Ese contraste con otros episodios posteriores refuerza una alerta institucional en la coyuntura actual: más allá del discurso de concertación, la discusión de fondo sigue siendo quién asume el costo del ajuste y qué parte del aparato político está dispuesta a revisarse a sí misma. En ese escenario, la exigencia de rendición de cuentas y de priorizar el impacto social de las decisiones públicas vuelve a ocupar el centro del debate.