La entrada en vigor del nuevo Código Penal fue presentada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) como un cambio institucional de gran alcance, pero también como una señal de alerta sobre los retos pendientes para garantizar seguridad jurídica, institucionalidad y competencia leal. Durante el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, el gremio llamó al sector empresarial a prepararse ante las nuevas responsabilidades que introduce la legislación, en especial la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En la actividad participaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y representantes del sector industrial y empresarial. Allí, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, sostuvo que el nuevo Código Penal deja atrás una legislación concebida hace más de un siglo, pero subrayó que el cambio solo tendrá impacto real si se aplica con reglas claras, de manera previsible, proporcional y apegada al debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
El planteamiento del sector industrial reubica el debate más allá del discurso de modernización legal: la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas abre un nuevo escenario de riesgo penal empresarial y coloca el foco en la capacidad institucional para aplicar la norma sin arbitrariedad. En ese contexto, la implementación del Código queda bajo escrutinio por sus efectos sobre la confianza, la competitividad y la rendición de cuentas en el entorno económico.