El Gobierno dominicano y Hacienda presentan el Plan Anticrisis como una medida “exitosa” y subrayan un dato recaudatorio puntual: en julio, el impuesto a las transferencias electrónicas aumentó casi 70% interanual. Sin embargo, el mayor ingreso en caja no resuelve la discusión sobre la reforma fiscal ni aclara cómo se consiguió ese dinero, una diferencia decisiva cuando el efecto acaba trasladándose a contribuyentes, empresas y a la actividad económica diaria.
Recaudar más, por sí solo, no equivale a construir un sistema tributario sólido, advierte el propio análisis en torno a la medida. Normas ambiguas, ajustes de última hora y controversias por falta de claridad pueden no reflejarse en el informe mensual, pero sí incidir en decisiones de inversión, crecimiento y contratación. Ahí se marca el contraste entre el relato oficial de éxito y la realidad de una reforma que, según la experiencia internacional citada, también debe evaluarse por su proceso, su precisión legal y su capacidad de sostenerse más allá del gobierno de turno.
Ese elemento se vuelve más delicado cuando un análisis de la Tax Foundation, publicado en agosto pasado, apunta que los cambios sustantivos a la legislación tributaria se aprobaron en apenas siete días, desde el anuncio inicial hasta el visto bueno en ambas cámaras y la firma presidencial. La misma referencia sostiene que en ese lapso quedaron fuera tres componentes asociados a una reforma exitosa: consulta significativa, transparencia durante todo el proceso y redacción clara y precisa. Más que un debate cerrado por la recaudación, el Plan Anticrisis deja abierta una exigencia de fiscalización sobre Hacienda y el Gobierno: explicar si el país obtuvo una solución duradera o solo una respuesta rápida con costos institucionales y sociales todavía por medir.