Los datos expuestos por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en el Primer Diálogo Regional por la Convivencia Barrial colocan bajo escrutinio la capacidad de respuesta del Estado frente a una violencia que, según explicó, nace en buena medida de conflictos sociales y no solo de la delincuencia. Durante 2025, la Procuraduría General de la República recibió 236,783 casos, de los cuales 73,295 estuvieron vinculados a violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual, además de más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte.
En su intervención, Reynoso advirtió la necesidad de enfrentar la violencia desde las comunidades y propuso un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad. El planteamiento cobra peso ante las propias cifras oficiales: 52.57 % de los casos correspondió a violencia intrafamiliar, 34.55 % a violencia de género y 12.88 % a violencia sexual. También señaló que alrededor del 56 % de los homicidios estaría relacionado con intolerancia, consumo de alcohol, disputas interpersonales y conflictos familiares, un cuadro que refuerza la alerta sobre el deterioro de la convivencia social.
El diagnóstico presentado en la actividad organizada por Listín Diario y el Observatorio de Sostenibilidad y Desarrollo Regional (OSDER) deja abierto un frente de fiscalización sobre las políticas públicas, al evidenciar la distancia entre el discurso de control y la persistencia de conflictos cotidianos que terminan en violencia grave. La exposición de Reynoso vuelve a poner en primer plano la exigencia de rendición de cuentas y de respuestas institucionales verificables ante un problema que impacta directamente a las comunidades.