La adhesión de la República Dominicana al Consenso de Ginebra, formalizada la semana pasada en Santo Domingo, vuelve a colocar bajo escrutinio las decisiones del Estado sobre los derechos de las mujeres. El hecho ocurrió cinco días después de que organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos pidieran públicamente que no se firmara, un contraste que el texto enlaza con una advertencia formulada en 1928: que las mujeres seguirían luchando por sus derechos legales al final del siglo.
Esa alerta fue expresada por Jane Norman Smith en La Habana y reproducida por Petronila Angélica Gómez Brea en la revista Fémina. Según el artículo, no se trataba de una profecía resignada, sino de una lectura política de activistas que conocían los tratados internacionales, intervenían ante delegados de 21 naciones y reclamaban reconocimiento como ciudadanas. En esa VI Conferencia de La Habana participó la dominicana Plinta Moss y Ricart, quien además reportó para Fémina, Listín Diario y Diario Macorís.
Casi un siglo después, el texto presenta la firma del Consenso de Ginebra como una señal de que esa disputa institucional sigue abierta en el país. La secuencia entre la petición pública de no firmar y la decisión estatal refuerza un reclamo de vigilancia y rendición de cuentas sobre medidas que impactan derechos, mientras persiste la distancia entre los discursos oficiales y las demandas planteadas desde organizaciones sociales.