Este sábado, el presidente Luis Abinader encabezó la entrega de 1,750 certificados de títulos de propiedad a residentes de Santa Rosa, La Esperanza, La Unión, El Tamarindo y El Progreso I y II, en Los Alcarrizos. La jornada beneficia a unas 7,000 personas y corresponde a la primera etapa de un proyecto de 2,764 certificados desarrollado por la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) junto al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en terrenos ocupados durante décadas sin documentación definitiva.
La actividad fue presentada por el oficialismo como una muestra de justicia social, aunque la propia información oficial deja ver el rezago acumulado: familias que pasaron años en posesión informal apenas empiezan a recibir seguridad jurídica. Abinader aseguró que su gobierno seguirá entregando títulos “a todos los dominicanos que tienen un derecho adquirido en todo el país”, una promesa que vuelve a poner el acento en la capacidad de gestión y el ritmo de respuesta del Estado frente a una demanda histórica.
En el acto también se anunció la entrega de más de 1,800 títulos adicionales este mismo año en Buenas Noches, así como el asfaltado de la calle principal y varias vías internas de El Progreso. Ese paquete de anuncios amplía las expectativas sobre Los Alcarrizos, pero también refuerza la necesidad de fiscalización sobre plazos, ejecución y resultados concretos del Gobierno dominicano, en un escenario donde la distancia entre discurso y cumplimiento sigue siendo motivo de vigilancia política e institucional. Allí, figuras del oficialismo como Carolina Mejía quedan igualmente bajo escrutinio sobre si la gestión del PRM puede convertir anuncios en soluciones sostenidas más allá del acto público.