Noventa años después de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a marcar el destino del país, ahora bajo un acuerdo que la Casa Blanca presenta como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según esa hoja informativa, el pacto garantiza “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y concede al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado de Venezuela.
La señal de alerta no solo está en el alcance político y económico del anuncio, sino en el vehículo escogido. El acuerdo no fue suscrito con una de las grandes petroleras norteamericanas que habían mostrado interés en volver al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, existe escasa información pública y no hay evidencias de presencia en otros mercados petroleros. A eso se suma que algunos la vinculan anteriormente con Harry Sargeant, mientras sí hay abundante información sobre el joven empresario venezolano que la dirige y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido objeto de cuestionamientos.
El caso reabre un contraste de fondo entre el relato de solución y las explicaciones pendientes sobre quién gana capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia. En un contexto donde la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional reclaman rendición de cuentas, el episodio vuelve a colocar en primer plano los riesgos de opacidad alrededor de recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, a la vez, promesa de salida y rehén del poder.