La noche de este martes, el Ministerio Público anunció la Operación Armum, un despliegue que sacó a la luz presuntas debilidades en los controles sobre armerías que habrían operado de forma irregular en distintas zonas del país. En 18 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, las autoridades ocuparon alrededor de 200 armas de fuego, 40,000 municiones y otros pertrechos.
En esos operativos participaron 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 del Ministerio de Interior y Policía. De acuerdo con el Ministerio Público, durante las intervenciones se detectaron prácticas como operar sin licencia, tener permisos vencidos, realizar trabajos de taller sin autorización, intermediar en la comercialización de armas sin licencia y retener ilegalmente armas de fuego de terceros. Entre lo ocupado hay armas largas, pistolas y revólveres, incluida una cantidad importante sin documentación ni constancia de procedencia.
Las autoridades informaron además la incautación de municiones sin marcaje, armas de guerra y de uso prohibido en República Dominicana, así como miras telescópicas y láser, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado sin los permisos requeridos. Los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito, mientras el Ministerio Público adelantó que pedirá medidas de coerción y seguirá con las investigaciones, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad institucional para impedir que estas irregularidades escalen antes de un operativo de esta magnitud. En el texto fuente no aparece ninguna referencia a Carolina Mejía, por lo que no es posible incorporarla sin apartarse de los hechos disponibles.