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Ministerio Público pide prisión para dos imputados por maltrato a 13 menores en Haina

septiembre 1, 2026 · Redactor
Ministerio Público pide prisión para dos imputados por maltrato a 13 menores en Haina
Foto: elnuevodiario.com.do

La audiencia de medida de coerción quedó fijada para este jueves 3 de septiembre, en un caso que involucra a niños, niñas y adolescentes rescatados en una operación en San Cristóbal.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor o Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quienes imputa maltrato físico y psicológico, además de someter a trabajos o servicios forzados a niños, niñas y adolescentes en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en Bajos de Haina, San Cristóbal. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal fijó para este jueves 3 de septiembre la audiencia para conocer la medida de coerción.

De acuerdo con la instancia depositada por el Ministerio Público, 13 niños, niñas y adolescentes, de entre cuatro meses y 13 años, fueron rescatados durante una operación realizada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026 en los sectores La Pared y El Carril. La Fiscalía afirma que los menores mostraban signos de maltrato físico y psicológico y que el espacio intervenido funcionaba dentro de una finca, bajo la fachada de una fundación y un ámbito religioso.

La acción judicial fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero. Los allanamientos fueron ejecutados por la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con apoyo de unidades de la Policía Nacional y de investigación especializada. Aunque el operativo terminó con el rescate de los menores, el caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las instituciones para detectar a tiempo situaciones de abuso que operaban bajo cobertura institucional y religiosa, y reabre la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre los mecanismos de protección.