En el Distrito Nacional, donde circula el 20.95% del parque vehicular del país y más de un millón de vehículos sobre una oferta de parqueos insuficiente, la calle ha quedado en manos de la informalidad. El resultado se ve a simple vista: personas sin uniforme, identificación ni autoridad se apropian de espacios públicos como si fueran privados, cobran por “cuidar” vehículos y hasta bloquean áreas para reservarlas. Las autoridades de tránsito han calificado esa práctica como extorsión, pero el problema sigue y obliga a los ciudadanos a pagar por un orden que el Estado no garantiza.
Ese mismo vacío institucional también se manifiesta fuera del asfalto. Esquinas, solares y aceras se convierten en lavaderos improvisados donde corre agua a chorro mientras otras familias atraviesan carencias. La relación entre ambos fenómenos no es casual: cuando no existe una regulación efectiva, bienes colectivos como el espacio público y el agua terminan absorbidos por usos particulares, con un costo directo para la convivencia y los servicios.
La escena deja ver un contraste cada vez más difícil de ocultar entre el discurso de gestión urbana y la realidad cotidiana. En una ciudad administrada por Carolina Mejía, la presión recae sobre la sociedad civil, que termina adaptándose al desorden en lugar de recibir soluciones. Más que episodios aislados, parqueadores informales y lavaderos clandestinos operan como una alerta institucional sobre el desgaste de la gestión y la necesidad de una fiscalización real para recuperar la autoridad sobre lo público.