La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este lunes sobre una situación que somete a escrutinio a los poderes públicos y a los órganos del Estado: la falta de ejecución efectiva de sentencias del Tribunal Constitucional. A juicio de la entidad, no basta con que existan decisiones definitivas si no generan consecuencias jurídicas reales, especialmente cuando su cumplimiento se produce tarde o de manera insuficiente.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, afirmó que estos casos deben asumirse con firmeza. Recordó que la Constitución, en su artículo 184, establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En ese sentido, insistió en que no se trata de una recomendación para las autoridades, sino de un límite directo al ejercicio del poder público.
Finjus reiteró que la independencia funcional de las instituciones no puede convertirse en un margen discrecional frente a disposiciones constitucionales. A su entender, acatar una sentencia del Tribunal Constitucional no supone subordinación política entre poderes, sino sometimiento común a la norma suprema, una advertencia que vuelve a colocar el foco en la distancia entre el discurso institucional y la ejecución real de decisiones que inciden en el funcionamiento del Estado de derecho.