La imposición de 18 meses de prisión preventiva contra Argenis Natanael Peña Cabrera, vinculado a la Operación XL526, reabre el foco sobre una estructura que, según el Ministerio Público, extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos mientras movía recursos de presunto origen ilícito dentro del sistema financiero. La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también declaró complejo el proceso por la cantidad de imputados, víctimas y el carácter organizado del caso.
De acuerdo con la acusación, Peña Cabrera registró movimientos financieros que no se correspondían con su perfil económico, incluyendo recepción de dólares mediante remesas y divisas sin una actividad económica lícita relevante que los sustentara. El Ministerio Público sostiene que esos recursos habrían sido introducidos al sistema financiero a través de transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo para ocultar su procedencia, y que luego se usaron en la adquisición de viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que no puede justificar.
El expediente se originó con la Operación XL526, ejecutada el 2 de junio con 35 fiscales, 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata y varios arrestos con fines investigativos. Las autoridades ubican la base operativa de la red en Jacagua, Santiago, y le atribuyen un funcionamiento internacional apoyado en el dominio del inglés y herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Con al menos 18 víctimas identificadas y más de 700 elementos probatorios, el avance judicial subraya no solo la dimensión del caso, sino la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas ante una estructura que logró operar antes de ser desmantelada.