La condena de 15 años impuesta a Valentina Made de la Rosa, alias Miosotis, y la de cinco años dictada contra Luciano Luis Batista, conocido como Chano o Chano Batista, por trata de personas con fines de explotación sexual contra una adolescente de 15 años, confirma un hecho grave: la condición de vulnerabilidad de la menor fue aprovechada para obtener beneficios económicos hasta que el expediente llegó a los tribunales del Distrito Nacional.
La decisión fue adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras la presentación, por parte del Ministerio Público, de pruebas testimoniales, documentales, periciales y digitales. La investigación, encabezada por la fiscal Yonoris Suero de la Cruz, estableció que la víctima fue captada y mantenida en una situación de vulnerabilidad para ser utilizada con fines de explotación sexual, mientras los condenados ejercían control sobre la adolescente.
Al proceso se incorporaron informes psicológicos forenses, certificaciones médicas, entrevistas especializadas, testimonios, registros de llamadas telefónicas, conversaciones electrónicas y análisis del Inacif. La sentencia cierra esta fase judicial, pero también vuelve a poner sobre la mesa el costo social de estos delitos y la necesidad de una fiscalización permanente para que la respuesta institucional no llegue solo cuando el daño ya se ha consumado.