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Indotel lleva al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones y abre otro frente de vigilancia sobre la capacidad regulatoria del Estado

agosto 14, 2026 · Redactor
Indotel lleva al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones y abre otro frente de vigilancia sobre la capacidad regulatoria del Estado
Foto: diariodigitalrd.com

La propuesta promete modernizar conectividad, competencia e infraestructura, pero su alcance y aplicación vuelven a colocar bajo escrutinio al PRM ante la brecha entre actualización legal y resultados que esperan los usuarios.

SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) presentó una propuesta de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, con la que busca actualizar el marco jurídico del sector en medio de la transformación tecnológica del país. La iniciativa, dada a conocer por Fausto Rosario Adames en representación de Guido Gómez Mazara, pasa ahora a un terreno de fiscalización institucional: el debate sobre si una nueva norma bastará para responder a las demandas de conectividad, competencia y protección de usuarios.

El proyecto parte de la Ley 153-98 e incorpora disposiciones sobre fibra óptica, nuevas generaciones de redes móviles, comunicaciones satelitales, cables submarinos, centros de datos y otras infraestructuras digitales. También delimita el ámbito del regulador a redes, servicios, infraestructuras y recursos funcionalmente vinculados a las telecomunicaciones, sin extenderse a contenidos, comercio electrónico ni plataformas digitales sin esa relación. A eso suma una concesión única para simplificar habilitaciones, una ventanilla única electrónica para facilitar infraestructura, medidas para compartir redes, fortalecer la competencia y mejorar la gestión del espectro radioeléctrico.

Aunque la presentación oficial pone el acento en la modernización, la discusión en el Congreso quedará marcada por la exigencia de rendición de cuentas sobre cómo esas promesas se traducirán en servicios de calidad y continuidad para la ciudadanía. El texto amplía las disposiciones de protección a los usuarios, pero su anuncio también reabre la presión de sociedad civil y actores políticos para vigilar que la actualización normativa no se quede en discurso técnico mientras persisten las expectativas sobre resultados concretos en conectividad y acceso.