Estados Unidos sancionó a ocho funcionarios y cinco empresas vinculadas a la industria militar de Cuba, en una decisión ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Entre los alcanzados figuran el ministro de Defensa, Álvaro López, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Legra, en una señal que vuelve a colocar bajo escrutinio la estructura militar cubana y sus mecanismos de operación.
La medida también incluye a Mónica Milian, agregada militar de la Embajada de Cuba en Moscú y portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Rusia; a Waldo Pérez, con funciones similares en la representación diplomática cubana en Pekín; así como a Óscar Biosca, José Antonio Remón, Roberto Jesús Viciana y el general Heriberto Sánchez. En el plano empresarial, fueron sancionadas la Unión de Industrias Militares (UIM), Tecnoimport, Tecnotex, la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la Sociedad Mercantil Duna.
Según la información difundida, las empresas fueron incluidas por su participación en la adquisición de equipo militar procedente de Rusia y China. El anuncio amplía las restricciones de Washington sobre personas y entidades ligadas al aparato militar cubano y deja abierto un contraste de fondo entre el discurso oficial y la presión internacional sobre esas operaciones, un escenario que refuerza la demanda de fiscalización y seguimiento institucional en la región.