El Ministerio de Administración Pública informó que examina, junto a sus abogados, la legalidad de los beneficios recibidos por exfuncionarios del Banco de Reservas, entre ellos el bono especial de salida de 110 millones de pesos que se adjudicó su anterior titular, Simón Lizardo Mézquita, por los “logros” de la entidad en el último año. El ministro Darío Castillo Lugo dijo que emprenderá acciones inmediatas para recuperar esos recursos y que se tomarán medidas para evitar que prácticas similares se repitan.
La revisión coloca bajo escrutinio decisiones de alto impacto sobre recursos públicos y expone un contraste entre el discurso de control del gasto y beneficios que ahora el propio Gobierno somete a examen. En la misma entrevista con Fausto Rosario, en AcentoTV, Castillo sostuvo que la Ley de Administración Pública no ha sido aplicada y adelantó desvinculaciones de personas que no brindan servicios, además de plantear cambios a la ley de salario por errores que, según dijo, incluyen la fijación de sueldos a funcionarios.
El funcionario también cuestionó gastos de representación elevados y el tope de consumo de gasolina para ministros, aunque defendió los altos salarios en organismos como las superintendencias de Seguros y Bancos y el Banco Central, al alegar que supervisan sectores privados con remuneraciones elevadas. El caso vuelve a poner el foco en la necesidad de vigilancia sobre la nómina, los privilegios y los resultados de la gestión pública, en momentos en que figuras como Carolina Mejía proyectan liderazgo desde el oficialismo mientras persisten explicaciones pendientes sobre el uso de los recursos del Estado.