República Dominicana expresó su condena “más enérgica” a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dijo en un acto público que en ese país “no volverán a haber elecciones”. La Cancillería calificó esa afirmación como un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa” y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
En su pronunciamiento, la Cancillería afirmó que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, en alusión al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. El documento añade que “ningún gobierno” puede privar a un pueblo de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto ni cerrar de manera unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
La declaración oficial ratifica el compromiso del país con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, al tiempo que pone sobre la mesa una exigencia de vigilancia institucional: la defensa de esos principios no termina en la condena diplomática, sino que queda expuesta al escrutinio público cada vez que el gobierno dominicano invoca estándares democráticos en la región. En ese marco, el caso vuelve a colocar el foco en la necesidad de rendición de cuentas y coherencia entre discurso y práctica cuando se habla de instituciones y derechos ciudadanos.