La presión sobre las finanzas públicas dominicanas vuelve a sentirse con fuerza a partir de la discusión sobre los subsidios a los combustibles. El costo de que el Gobierno no traslade por completo los aumentos internacionales del petróleo, la gasolina y el gasoil reaparece con cada aviso semanal del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en un debate que ya no se limita a los precios y alcanza la gestión fiscal.
A la par de ese frente, el texto advierte que otra carga igual de sensible ha quedado relegada: las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE). En lugar de bajar, como se proyectó en el Presupuesto 2026, esas pérdidas han continuado aumentando durante este año, con la consecuencia de sobregiros adicionales prácticamente equivalentes a los de los combustibles. La brecha entre lo presupuestado y lo que muestran los resultados vuelve a colocar sobre la mesa la fiscalización de la gestión energética y su impacto en las cuentas públicas.
Los datos del Organismo Coordinador (OC) hasta mayo de 2026 indican que la energía bruta inyectada por las centrales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) acumuló 9,393.44 gigavaios/hora (GWh), un 3.2% por encima de los 9,106.47 GWh del mismo período de 2025. Con todo, el planteamiento central del artículo no está en la oferta total, sino en la incapacidad de corregir vulnerabilidades que siguen elevando el costo fiscal y retrasando resultados.
Así, el reto energético deja de ser únicamente técnico y pasa a ser también una prueba de rendición de cuentas sobre prioridades, ejecución y resultados del Gobierno.