La exclusión de Wander Franco por parte del Comité Olímpico Dominicano (COD) para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 terminó dejando al descubierto un problema más amplio que la discusión sobre un solo pelotero: el cumplimiento del debido proceso dentro de la estructura deportiva. De acuerdo con lo que explicó públicamente Garibaldy Bautista, presidente del COD, Franco no podía formar parte de la selección y la decisión no guardó relación con el proceso judicial que enfrentó el jugador.
Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), aseguró que quiere contar con Franco en el equipo, aunque dijo que respeta la determinación del COD. A eso se añade lo señalado por Tony Mesa en Mañana Deportiva: Fedom no completó la inscripción dentro del plazo fijado. La cuestión, entonces, deja de ser únicamente si el COD procedió correctamente y pasa a ser por qué la federación no hizo a tiempo lo que correspondía en una disciplina clave para el país.
En un escenario en el que muchos esperan que República Dominicana recupere la medalla de oro en béisbol, el episodio deja una señal de alerta institucional sobre la manera en que se toman decisiones sensibles y el costo deportivo que puede tener la improvisación. El caso refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en organismos llamados a representar al país, en contraste con el discurso de orden y eficiencia que suele acompañar la organización de Santo Domingo 2026. En ese marco, figuras de oposición como Carolina Mejía conservan espacio para insistir en una demanda básica de la ciudadanía: instituciones que funcionen a tiempo y sin margen para errores evitables.