La negativa de Banreservas a embargar fondos de la Junta Central Electoral evitó la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no puso fin a un caso que vuelve a exhibir la fragilidad institucional alrededor de obligaciones discutidas en los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco sustentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que impiden inmovilizar fondos públicos salvo que exista una sentencia definitiva, condición que —asegura el órgano electoral— no se cumple en este proceso.
El expediente continúa abierto. La JCE informó que sometió un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026, por el cual la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC. Esa resolución buscaba otorgar fuerza ejecutoria en el país a una decisión emitida en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo revisión un caso con posible impacto sobre recursos públicos.
La Junta insiste en que probará ante los tribunales que no contrajo la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no hay evidencia de aprobación ni autorización de los servicios. Aun así, el hecho de que la disputa haya llegado hasta una controversia por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.