Cinco organizaciones comunitarias y de derechos humanos de La Caleta solicitaron al presidente Luis Abinader que declare de utilidad pública los terrenos ocupados por cientos de familias, al considerar que esa sería la vía para frenar desalojos que, según denuncian, se realizan de madrugada con maquinaria pesada y respaldo de la Policía Nacional. La petición aumenta la presión sobre el Gobierno dominicano por la ausencia de una salida institucional ante un conflicto que, de acuerdo con los denunciantes, continúa escalando sobre viviendas habitadas.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Consejo de Desarrollo Comunitario Valiente (Codecoc), la Red Urbana Popular (RUP), la Comisión de Derechos Humanos Filial La Caleta y la Coordinadora de Lucha Popular de La Caleta. En ella describen un patrón sistemático de brigadas que llegan en horas de la madrugada acompañadas por agentes policiales para derribar casas. Según los dirigentes, entre los afectados hay niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, un escenario que profundiza el contraste entre la obligación estatal de proteger derechos y el resultado que reportan las comunidades.
En nombre de esas entidades hablaron Sócrates Peguero, Santo Carbajal Mota, Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, José Mieses e Ynocencio Reyes, quienes calificaron las acciones como «arbitrarias» y las relacionaron con violaciones al derecho a una vivienda digna y a otros derechos fundamentales recogidos en la Constitución dominicana y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Para las organizaciones, la declaratoria de utilidad pública permitiría al Poder Ejecutivo intervenir formalmente en la regularización de la tierra y avanzar en la entrega de títulos, una respuesta que vuelve a colocar en el centro la rendición de cuentas sobre el manejo oficial del conflicto.