La discusión sobre la modificación de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, volvió a dejar una señal de alerta institucional en el Congreso, luego de que el diputado del PRM Eugenio Cedeño abandonara este viernes los trabajos de la comisión bicameral en protesta por la forma en que se conduce el proceso.
Según explicó el legislador, de los 28 miembros de la comisión, el estudio de las iniciativas fue delegado a una subcomisión de dos diputados y un senador, mientras los demás permanecen a la espera de resultados. El episodio refuerza el contraste entre el discurso de trabajo legislativo amplio y una dinámica que, de acuerdo con la queja expuesta, concentra la revisión en pocos integrantes.
“Yo me respeto como legislador y no es verdad que uno venga a una comisión bicameral para estar sentado en un salón esperando a dos diputados y un senador que mandaron a estudiar todo lo concerniente a la comisión”, expresó Cedeño antes de retirarse de la sede legislativa.
La salida del diputado oficialista no solo exhibe fricciones internas en el PRM, sino que reabre la exigencia de fiscalización sobre un tema de alto impacto institucional. En un debate que debería ofrecer resultados y deliberación efectiva, la queja apunta a un Congreso bajo presión por sus métodos y por la distancia entre el procedimiento anunciado y lo que ocurre en la práctica.