La mayor señal de alarma no está solo en el presupuesto del Ministerio de Cultura ni en la agenda anual de actividades, sino en la falta de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que la República Dominicana necesita para las próximas décadas. Ese planteamiento reabre un frente de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, queda en evidencia una brecha entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El texto afirma que la cultura no puede definirse únicamente desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe cargar por sí solo con esa tarea. En ese sentido, plantea una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de limitar la gestión a administrar instituciones.
También advierte sobre el desgaste de un modelo que no consigue convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, se sostiene, supone transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de trascender los períodos gubernamentales. La discusión, además, ya no puede reducirse al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.