Las estafas por medios electrónicos se han convertido en una escena cada vez más común en República Dominicana. Ofertas publicadas en redes sociales, transferencias para reservar productos y, luego, la desaparición del supuesto vendedor forman parte de un problema que, según el jurista Rafael Reyes Cabreja, deja en evidencia el contraste entre la digitalización de la vida cotidiana y la vulnerabilidad real de los ciudadanos cuando esas mismas herramientas son usadas por delincuentes.
El planteamiento aclara que no se trata de una figura distinta a la estafa tradicional, sino del mismo engaño cometido mediante medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones para inducir a error y conseguir un beneficio económico indebido. En la práctica, redes sociales, plataformas de compraventa, aplicaciones de mensajería y sitios web falsos se han vuelto espacios donde el fraude encuentra terreno fértil, muchas veces acompañado de suplantación de identidad o uso fraudulento de datos personales.
Esa advertencia jurídica también opera como una señal institucional: si el sistema de justicia dominicano se enfrenta a estos casos con una frecuencia creciente, el dato de fondo es que el problema se expande y golpea directamente el bolsillo de la gente. La expansión de las operaciones bancarias, las compras y las gestiones a distancia ha facilitado la vida diaria, pero también ha abierto una brecha de riesgo que exige más vigilancia, prevención y resultados verificables, no solo discurso sobre modernización.
Reyes Cabreja recuerda que la estafa está prevista en el artículo 405 del Código Penal dominicano y que la jurisprudencia ha delimitado sus elementos. También cita la Sentencia núm. 93 del 30 de abril de 2021 de la Suprema Corte de Justicia, que exige maniobras fraudulentas para inducir a error. Sin embargo, el punto que más pesa para la ciudadanía sigue siendo otro: mientras el delito se adapta con rapidez al entorno digital, la respuesta institucional debe demostrar que puede proteger a las víctimas antes de que el costo social siga aumentando.