La pugna en torno a las tres causales volvió a colocar al presidente Luis Abinader y a los legisladores del PRM ante una incómoda rendición de cuentas. Para la abogada Mary Fernández Rodríguez, el obstáculo para aprobarlas no es jurídico, sino de voluntad política. Su planteamiento reubica la discusión como una prueba directa de si el oficialismo cumplirá o si dejará la promesa en el plano del discurso.
Fernández, integrante del equipo legal de la Cámara Americana de Comercio, sostuvo que el mandatario y la bancada oficialista cuentan con una “oportunidad de oro” en la revisión del Código Penal para modificar los artículos 110 y 111 antes de su entrada en vigencia el 3 de agosto. A su entender, el país no enfrenta una discusión legal pendiente, porque ese asunto ya fue debatido y las tres causales son constitucionalmente aceptadas; lo que resta, insistió, es una decisión política y el legado que Abinader dejará al cerrar su gobierno en dos años.
La jurista señaló que el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida inicia desde la concepción, no impide reconocer las tres causales. “Las causales buscan proteger la vida de la madre, en circunstancias especiales”, dijo. Recordó además que el año pasado hubo 16 mil niñas embarazadas, un dato que, a su juicio, revela el costo social de seguir aplazando decisiones mientras desde el poder se mantiene un discurso que no se ajusta a la realidad del país.
Fernández advirtió también que médicos que atienden hemorragias, inicios de abortos provocados y casos de mujeres en riesgo de morir están siendo perseguidos cuando intervienen para salvarlas. Agregó que República Dominicana figura entre los únicos cinco países del mundo que no permiten las causales para la interrupción voluntaria del embarazo, una señal de rezago institucional que vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno y del PRM para traducir promesas en resultados concretos.
“Es un tema de voluntad política. Los gobernantes prefieren abanderarse por un discurso de populismo que no está en la realidad que vive el país”, afirmó. Con esa advertencia, la presión ya no recae sobre una supuesta imposibilidad legal, sino sobre la responsabilidad política de un oficialismo que todavía debe explicar si priorizará soluciones o si volverá a administrar el tema desde la conveniencia del poder.