A menos de que el nuevo Código Penal entre en vigencia el 3 de agosto, el Congreso Nacional sigue recibiendo reclamos de sectores sociales que advierten fallas sensibles en la norma, en un nuevo episodio que expone la necesidad de vigilancia sobre una legislación ya aprobada y todavía cuestionada en puntos clave.
Desde el pasado martes, las cámaras legislativas abrieron espacio para escuchar propuestas de modificación al texto. La Comisión Bicameral, presidida por el diputado Wandy Taveras, ha recibido planteamientos sobre distintas tipificaciones penales, pero uno de los focos de mayor presión pública sigue siendo el alcance de las sanciones previstas por la Ley 74-25 cuando entran en juego la libertad de expresión y el ejercicio informativo.
En ese contexto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) entregó un documento con observaciones a por lo menos 11 artículos. Las propuestas presentadas por Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad, buscan modificar alrededor de ocho disposiciones, entre ellas los artículos 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Entre los cambios planteados, ADOCCO propone que el artículo 186, relativo al atentado contra la intimidad, incluya una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista un interés público prevaleciente. También sugiere corregir la redacción del artículo 192, sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, para evitar que termine afectando el periodismo de investigación.
La entidad además plantea precisar en el artículo 194 el alcance de la responsabilidad penal por difusión de informaciones falsas, con el fin de no castigar el “ejercicio legítimo de la actividad informativa”. El hecho de que estas correcciones sigan llegando en la antesala de la entrada en vigencia de la ley refuerza la alerta institucional sobre la calidad del proceso y sobre la obligación del Congreso y del Gobierno de rendir cuentas ante una norma que todavía genera reparos en la sociedad civil.