La Comisión Especial del Senado dio por concluido el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre el discurso de reforma y la necesidad de controles verificables sobre una institución golpeada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el proceso se revisaron y modificaron varios artículos con el propósito de reforzar la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos ajustes, el proyecto ratifica que el presidente de la República tendrá el mando supremo de la Policía Nacional, de forma directa o a través del Ministerio de Interior y Policía, un punto que no cierra la discusión, sino que eleva la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La propuesta también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, realizaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y presentaría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también confirma la magnitud de los controles que siguen pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
El texto fortalece igualmente las funciones del Consejo Superior Policial, al asignarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A ello se suma la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Más que un punto de llegada, el cierre del estudio en el Senado deja una pregunta de fondo: si la reforma promete mayor supervisión, transparencia y disciplina, ahora deberá demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.