Desde el 17 de enero, la profesora Milka Mercedes Ramírez permanece alejada de las aulas luego de someterse a un procedimiento odontológico que terminó por cambiar su vida. Más de seis meses después, su esposo, Norberto Luna, afirma que las secuelas le dificultan hablar con normalidad y que hoy depende sobre todo de líquidos y alimentos licuados para alimentarse.
La situación ha vuelto a colocar el foco sobre una duda de alto peso institucional: si se trató de una mala práctica o de intrusismo. Más allá de la discusión técnica o judicial, el caso funciona como una advertencia sobre la capacidad real de vigilancia en servicios que impactan de forma directa la salud, el trabajo y la estabilidad de una familia. La afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; también quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, asumen el giro brusco que dio la vida del hogar.
Luna contó a Listín Diario que ambos acudieron con confianza al consultorio del odontólogo William Almánzar, al tratarse de un centro de renombre. Según su relato, allí un hombre revisó la panorámica, les aseguró que la extracción de las cuatro cordales podía hacerse y les dio la seguridad necesaria para programar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, dijo.
La intervención, pautada para el sábado 17 de enero, estuvo lejos de parecer un procedimiento ordinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; durante ese tiempo, el equipo de succión dejó de funcionar y quien realizaba la extracción tuvo dificultades para sacar una de las piezas dentales. Ese testimonio, todavía marcado por una investigación en curso, acentúa el contraste entre la confianza depositada por el paciente y el desenlace que hoy mantiene a una docente fuera del aula.
Mientras la investigación judicial determina si hubo negligencia o ejercicio sin la autorización legal o la capacitación exigida, el hecho más duro ya está a la vista: una familia quedó afectada durante meses por una intervención que debía resolver un problema de salud y terminó generando otro. En un escenario en el que la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la cuenta la paga la gente.