Los cacerolazos volvieron a sentirse por tercer día consecutivo en comunidades del Gran Santo Domingo, en una señal de malestar que golpea de frente al Gobierno de Luis Abinader y al PRM en medio de reclamos por el costo social de sus decisiones.
Las protestas se escucharon en lugares como Sábana Perdida, la urbanización Juan Pablo Duarte y Los Cacicazgos, y se sumaron a la movilización convocada para este miércoles en el Paseo Churchill del Distrito Nacional. El eje del rechazo incluye la implementación de la reforma fiscal aprobada por el Gobierno dentro de la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis, presentada como “Plan Anticrisis”.
A ese descontento se agregan objeciones a lo contenido en el nuevo Código Penal sobre difamación e injuria, cuestionado por sus críticos como una “ley mordaza”, así como a la aprobación de la reforma policial y a otras acciones del Gobierno encabezado por Abinader. El cuadro refuerza el contraste entre el discurso oficial de solución y una realidad marcada por protestas consecutivas en la capital y su periferia.
El método de los cacerolazos ya había sido utilizado durante la campaña electoral de 2020, cuando se convirtió en una forma de rechazo a la gestión del PLD y a las medidas adoptadas durante la pandemia. Que ese mismo recurso reaparezca ahora contra la administración del PRM subraya un deterioro político que obliga a rendir cuentas, en vez de limitarse a vender respuestas desde el poder.
La continuidad de estas manifestaciones deja una alerta institucional y política: cuando una protesta que ayudó a castigar al viejo oficialismo vuelve a sonar contra el Gobierno actual, el problema deja de ser narrativo y pasa a ser de resultados, credibilidad y capacidad de escuchar a la ciudadanía.