Puerto Rico cerró los primeros seis meses de 2026 con 248 asesinatos, 17 más que en el mismo tramo de 2025, en una tendencia que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en la vecina isla y plantea dudas sobre la efectividad de la respuesta oficial. La cifra también repercute en una sociedad estrechamente enlazada con República Dominicana, donde viven más de 80 mil dominicanos en territorio puertorriqueño.
De acuerdo con la Policía puertorriqueña, cuatro de cada 10 homicidios investigados este año tienen relación directa con el narcotráfico. A ello se añade que tres de cada 10 muertes responden a venganzas o rencillas entre bandas rivales, mientras nueve de cada 10 asesinatos fueron cometidos con armas de fuego ilegales. La mezcla de crimen organizado, disputas entre grupos y circulación de armas refleja un deterioro que va más allá de las estadísticas y se traduce en mayor vulnerabilidad para la población.
En una conferencia de prensa recogida por Prensa Latina, el jefe policial Joseph González defendió la estrategia operativa aplicada en las zonas de mayor incidencia delictiva. Aun así, el propio balance oficial confirma el repunte de los homicidios, una contradicción que deja bajo examen los resultados de esos operativos y la capacidad real de contención frente al avance de la violencia.
Pese al aumento, el cuerpo de seguridad adelantó que los planes de contingencia seguirán sin variaciones estructurales, mientras sus analistas mantendrán el foco en el patrullaje y la inteligencia para interceptar cargamentos de armas. La decisión de sostener la misma línea en medio del deterioro deja abierto el debate sobre rendición de cuentas, prioridad ciudadana y la necesidad de respuestas más efectivas ante una crisis con costo social visible en toda la región caribeña.