CARACAS.– La arremetida verbal de Diosdado Cabello contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, terminó instalando de nuevo un punto delicado tras el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: la tensión entre el control político de la ayuda y la exigencia de rendición de cuentas sobre insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
Cabello, ministro de Interior, rechazó que la ayuda humanitaria enviada desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y tildó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó que se colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para verificar su ubicación y denunció una supuesta campaña para sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La explicación de Mizrachi fue, sin embargo, en la dirección opuesta: dijo a EFE que el rastreo busca rendir cuentas a los ciudadanos que donaron en un “esfuerzo masivo” la asistencia enviada a Venezuela. La Alcaldía de Panamá participó en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había despachado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
Según detalló el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de disipar las dudas, acentúa el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, apunta precisamente a asegurar que la ayuda llegue a destino.
En una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa una advertencia institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una respuesta airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que impactan de forma directa a la población afectada.