La muerte de Darlin Mercado Reyes durante una intervención policial en Herrera volvió a colocar bajo escrutinio la reforma policial y las promesas de seguridad del Gobierno. El PLD exigió este lunes una investigación independiente y transparente del caso, al sostener que debe establecerse toda responsabilidad conforme a la ley por un uso de la fuerza que calificó de desproporcionado en un operativo originado por una infracción administrativa vinculada a la documentación de una motocicleta.
El partido enmarcó el hecho como una alerta institucional y no como un episodio aislado. Recordó que ya en septiembre de 2025 había advertido sobre el aumento de las muertes por intervención policial, cuando un seguimiento periodístico registraba 82 casos en el primer semestre de ese año, y afirmó que, según reportes de medios, la cifra asciende actualmente a 147. Con ese señalamiento, colocó el foco en el contraste entre el discurso oficial sobre seguridad y lo que, dijo, perciben los ciudadanos en las calles.
La organización también cuestionó los resultados de la reforma policial, para la cual, según indicó, el Estado destinó 8,389 millones de pesos entre 2024 y 2025. A juicio del PLD, el proceso ha privilegiado compras de equipos y cambios administrativos por encima de la formación humana y profesional de los agentes, una crítica que conecta el gasto público con un costo social que sigue sin respuesta cuando ocurren muertes en operativos.
En esa misma línea, recordó que el Gobierno prometió en 2020 que la reforma reduciría la delincuencia en 50 % en un plazo de dos años, y sostuvo que ese compromiso debe medirse por resultados verificables, no por anuncios. Entre las medidas planteadas, pidió la suspensión de los agentes involucrados mientras avanzan las investigaciones, la preservación de evidencias, el uso obligatorio de cámaras corporales, la publicación de un informe técnico de cada caso en 72 horas, un registro mensual del uso de la fuerza y auditorías externas para reforzar los controles sobre la actuación policial. El reclamo vuelve a poner en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre una reforma que, según la oposición, sigue dejando más preguntas que garantías.