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SCJ vuelve a frenar el aeropuerto de Bávaro y revive las dudas sobre su base legal

julio 6, 2026 · Redactor
SCJ vuelve a frenar el aeropuerto de Bávaro y revive las dudas sobre su base legal
Foto: www.diariolibre.com

El fallo confirma que el proyecto avanzó con un decreto contrario a la norma y bajo un contrato cuestionado, mientras sigue abierta la exigencia de vigilancia sobre estas decisiones públicas

La Suprema Corte de Justicia volvió a fallar contra el Aeropuerto Internacional de Bávaro y reactivó la discusión sobre una cadena de decisiones públicas que terminaron enfrentándose con la ley. La Tercera Sala, actuando como corte de casación, desestimó un recurso del AIB e inadmitió otras dos acciones promovidas por el Grupo Abrisa, en un expediente que refuerza la advertencia institucional sobre proyectos impulsados sin apego a las reglas.

El tribunal también consideró contrario al orden jurídico el decreto 270-20, emitido en la gestión de Danilo Medina para aprobar y promover la obra. Ese elemento enlaza el caso con una secuencia de decisiones políticas luego desarmadas en los tribunales. Aunque el presidente Luis Abinader había derogado ese decreto tras un fallo previo de la propia SCJ, el nuevo revés judicial enfatiza que la corrección llegó después de que el Estado quedara comprometido en un proceso cuestionado por su base legal.

La sentencia además ratificó lo decidido por el Tribunal Superior Administrativo frente a los intentos del AIB de revertir la prohibición de continuar el proyecto. En su fallo, la SCJ rechazó los planteamientos de la empresa y dejó asentado, con opinión mayoritaria encabezada por Manuel A. Read Ortiz, que el contrato directo entre el Estado dominicano y el AIB se otorgó en circunstancias irregulares y fuera de los procedimientos previstos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y de los principios de publicidad, transparencia e igualdad recogidos en la Constitución y en la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

Más que una disputa empresarial, el caso vuelve a mostrar el costo institucional de decisiones públicas mal sustentadas: un proyecto detenido, años de litigios y otra señal de que el discurso sobre legalidad y transparencia solo se sostiene con fiscalización constante y rendición de cuentas efectiva. El expediente deja golpeados tanto al decreto firmado en la pasada administración como a la capacidad del Estado, ya bajo el gobierno actual, de impedir que este tipo de controversias sigan arrastrándose.