República Dominicana sigue arrastrando una fractura elemental en saneamiento que desmiente cualquier lectura triunfalista sobre la infraestructura: el 6.7% de los hogares, unos 223 mil, todavía utiliza letrinas como servicio sanitario, de acuerdo con el informe ENHOGAR-MICS 2025. Pese a que el 91% de los hogares, cerca de 2.9 millones, cuenta con inodoro, el tamaño del rezago obliga a mirar lo que aún falta y el costo social de esa brecha.
El problema pega con más fuerza fuera de las ciudades. En las zonas rurales, el 16.7% de los hogares —alrededor de 106 mil— depende de letrinas, frente al 2.9% en áreas urbanas, unos 34 mil. La diferencia dibuja una realidad que exige vigilancia sobre la capacidad del Estado para llevar servicios esenciales a donde más se necesitan, en vez de aceptar como normal que miles de familias sigan en condiciones precarias.
Las brechas regionales refuerzan la advertencia institucional. En Enriquillo, el 27.1% de los hogares —unos 18 mil— usa letrinas; en Cibao Noroeste, el 24.7% —aproximadamente 22 mil—; y en El Valle, el 16.7% —cerca de 9 mil—. También figuran Cibao Nordeste, con 7.5% —unos 14 mil—, y Valdesia, con 8.4% —unos 12 mil—. En contraste, la región Ozama o Metropolitana registra apenas 0.6%, cerca de 6 mil, una distancia que vuelve más visible la separación entre el discurso de progreso y la realidad de amplias zonas del país.
El propio informe señala que buena parte de esas letrinas no son mejoradas y carecen de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. El dato no solo describe una carencia: deja planteada una responsabilidad pública pendiente y confirma que el saneamiento básico sigue siendo una deuda que no admite maquillaje estadístico ni indiferencia institucional.