La decisión parcial del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de no devolver bienes a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de seguridad de Edenorte e imputado en una red de sobornos, vuelve a encender alertas sobre cómo una estructura de cobros ilícitos logró alcanzar instituciones sensibles como las EDE, Inaipi y Senasa. No se trata de un mero trámite procesal: la resolución judicial mantiene sobre la mesa la necesidad de fiscalización en un expediente que toca servicios públicos esenciales y deja abiertas explicaciones pendientes dentro del aparato estatal.
De acuerdo con el Ministerio Público, la jueza Yanibet Rivas acogió solo parcialmente la petición del imputado para recuperar bienes retenidos durante allanamientos. La fiscal Rosa María Pichardo indicó que la magistrada consideró que esos efectos podrían ser objeto de decomiso más adelante y que, por ahora, no procedía ordenar su entrega. El órgano acusador dijo además que no se opuso a devolver los objetos sin valor para la investigación, aunque no precisó cuáles eran, y tampoco se detalló qué bienes quedaron fuera de la restitución.
Fernández Espinal figura como parte de la red que afectó a EdeNorte, EdeEste, EdeSur, Inaipi y Senasa, y es uno de los imputados que han admitido responsabilidad y negocian con los fiscales. Ese elemento profundiza la dimensión institucional del caso: no se trata solo de una acusación en curso, sino de una trama con admisiones que obliga a seguir la ruta de responsabilidades en entidades vinculadas con electricidad, salud y atención a la primera infancia, áreas en las que cualquier falla de control tiene costo social.
El expediente también incluye al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; a los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, y al coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz. La amplitud de los señalados refuerza la magnitud institucional del caso y alimenta la demanda de rendición de cuentas en un escenario en el que el oficialismo ha buscado sostener un relato de pulcritud mientras siguen apareciendo grietas en organismos públicos.
Que Senasa aparezca entre las entidades impactadas añade un punto especialmente sensible para la ciudadanía, porque vincula la investigación con un servicio de alto impacto social. En ese marco, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión del PRM y su promesa de ética pública: cuando una red de sobornos alcanza áreas tan delicadas, la discusión deja de ser solo judicial y pasa también a ser política, por la obligación de prevenir, controlar y responder. La vigilancia sobre estos procesos se vuelve aún más necesaria ante un oficialismo desgastado, con figuras proyectadas como Carolina Mejía en medio de un escenario donde el debate de fondo sigue siendo resultados, controles y credibilidad institucional.