A cuatro días de los dos terremotos consecutivos que sacudieron a Venezuela, la crisis continúa definida por una cifra que resume la magnitud del colapso: más de 50.000 personas son buscadas por sus familiares, mientras centenares de rescatistas del país y de otras naciones trabajan contrarreloj entre los escombros.
Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado hasta el momento al menos 1.450 muertos y unos 3.150 heridos. Frente a ese panorama, la respuesta anunciada por el poder se centra en la creación de una comisión integrada por ministerios, universidades y especialistas, encargada de determinar si las edificaciones afectadas son habitables y de revisar la infraestructura vial, incluidos puentes y caminos elevados.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada, explicó por la televisión estatal que la comisión presidencial ya está en funciones para verificar “las condiciones de habitabilidad” y evaluar si las personas pueden volver a sus hogares. Sin embargo, con decenas de miles de personas todavía buscadas por sus familiares, la emergencia mantiene bajo presión la capacidad de respuesta institucional y la distancia entre los anuncios oficiales y la realidad que sigue imponiendo la tragedia.