El presidente Luis Abinader designó nuevos cónsules en Estados Unidos y Argentina, además de un embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), mediante una disposición que vuelve a colocar en primer plano el uso de los nombramientos por decreto.
La medida, aunque forma parte de las facultades del Poder Ejecutivo, abre nuevamente el debate sobre el alcance de estas designaciones, los criterios de selección y la rendición de cuentas sobre el impacto real de los cambios en el servicio exterior.
En un contexto en el que el Gobierno insiste en ordenar y modernizar la administración pública, este tipo de movimientos también obliga a preguntar por la transparencia del proceso, el costo institucional de las designaciones y los resultados que se esperan en la representación del país en el exterior.
El anuncio no detalla en la información disponible cuáles fueron los criterios usados para las nuevas designaciones ni qué evaluación motivó los cambios, por lo que el foco queda en la necesidad de seguimiento público a estas decisiones y a su efecto en la gestión diplomática.
La política exterior, como cualquier área bajo responsabilidad del Estado, no se agota en sustituir nombres: requiere verificación de desempeño, claridad en los objetivos y cuentas sobre el uso de posiciones que tienen impacto directo en la imagen y los intereses del país.