La Policía Municipal ejerce autoridad en espacios públicos, pero lo hace sin límites claramente precisados. Si bien la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios dispone que su propósito es preservar los bienes municipales y hacer cumplir las disposiciones municipales, la falta de un marco legal que detalle el alcance de sus funciones ha dejado espacio para señalamientos de abusos de poder o de la fuerza en operativos.
El problema no se limita al vacío normativo; también alcanza la supervisión. En recorridos por parques, áreas de recreación, el Malecón, la Ciudad Colonial y el parque Iberoamérica, se observó a agentes municipales más pendientes de sus celulares que del entorno, mientras en redes sociales se denuncian actuaciones de agentes que obstaculizan el paso de corredores o familias en las aceras del Malecón. Al mismo tiempo, en más de diez minutos de recorrido por esa zona no se vio presencia de estos agentes en puntos como el Malecón Deportivo, Güibia y otros tramos del paseo.
A ello se añade otro foco de preocupación institucional: las facultades de los policías municipales son las mismas que las de los inspectores municipales, y no hay registros estadísticos de infracciones levantadas por estos agentes ni denuncias en su contra. Esa combinación de autoridad, falta de delimitación y ausencia de datos deja abiertas interrogantes sobre controles efectivos, resultados reales y responsabilidad ante la ciudadanía.